Santo Domingo, República Dominicana.- El Consejo de Defensa del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) ha informado que en los procesos judiciales que enfrenta la empresa no existe la autoridad de la cosa juzgada de manera irrevocable. Por lo tanto, resta credibilidad a la versión de que la justicia ha puesto fin a la construcción de la terminal aérea.
La defensa legal del AIB ha reaccionado ante un comunicado publicado el lunes por el equipo de defensa de la Corporación Aeroportuaria del Este (CAE) y el Grupo Puntacana (GPC). Han afirmado que ninguna sentencia ha afectado el decreto que aprueba el aeropuerto, ni el contrato firmado con el Estado para su construcción.
"Nos preocupa profundamente que se desinforme a la opinión pública con declaraciones sobre sentencias que no son definitivas, ya que estas han sido objeto de los correspondientes recursos", destacaron los abogados del AIB en un comunicado.
Han recordado que el sistema de justicia del país consta de tres instancias jurisdiccionales y una constitucional, por lo que cualquier sentencia emitida por un tribunal puede ser apelada ante las cortes superiores. "Solo se puede hablar de una decisión definitiva cuando el caso ha pasado por este proceso", han resaltado.
Es importante destacar, han agregado, que el caso del Aeropuerto Internacional de Bávaro ha sido objeto de cuatro sentencias emitidas por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, todas bajo la misma composición de jueces.
Además, han enfatizado que dos de estas sentencias (28 de enero y 16 de diciembre de 2022) se dictaron sin la celebración de audiencias para escuchar a las partes involucradas, violando el derecho fundamental establecido en el artículo 69-4 de la Constitución.
El Consejo de Defensa del Aeropuerto Internacional de Bávaro, entre los que se encuentra el Dr. Emmanuel Esquea Guerrero, ha resaltado su firme compromiso de defender la legalidad y la transparencia del proyecto. Han señalado que todas las sentencias mencionadas han sido objeto de recursos que buscan corregir las violaciones constitucionales a los derechos fundamentales cometidas.
Han calificado como desafortunado el hecho de que se recurra a la opinión pública para intentar influir en los jueces encargados de dictar sentencia sobre los recursos pendientes de decisión. Han considerado inadmisible que una resolución de un organismo dependiente del Poder Ejecutivo pueda ignorar los derechos adquiridos por el AIB, respaldados por un contrato firmado por el Estado Dominicano con la autorización del Presidente de la República.
"Seguimos confiando en la justicia y en la legalidad de nuestras acciones y continuaremos luchando para corregir cualquier violación de los derechos fundamentales y constitucionales", han concluido.